Por qué una transición energética justa y feminista es la única salida a la crisis climática

El siguiente es un artículo de opinión escrito por Theiva Lingam, de Amigos de la Tierra Internacional, publicado originalmente por Common Dreams.

Las guerras, invasiones, bloqueos y genocidios, desde Venezuela e Irán hasta Palestina, han puesto al descubierto la volatilidad y la violencia inherentes al sistema energético basado en los combustibles fósiles. Necesitamos una expansión rápida y justa de las energías renovables controladas socialmente para poner fin a la era de los combustibles fósiles. Pero garantizar una transición justa requiere un diálogo más profundo. ¿Quién se beneficia de la transición energética? ¿Quién asume el costo? ¿Quién tiene voz y voto en cómo se produce la energía? Estas son también preguntas feministas sobre el poder, el trabajo, el cuidado y qué vidas se valoran.

Para responder a estas preguntas, líderes de base, comunidades indígenas, sindicatos y activistas por la justicia ambiental se reunirán esta semana en Santa Marta, Colombia, con motivo de la Cumbre de los Pueblos y la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles. Para muchos/as de nosotros/as, que formamos parte de los movimientos por la justicia ambiental y social, este encuentro representa tanto una urgencia como una posibilidad. Será un espacio fundamental porque, sin justicia, la transición energética reproducirá los mismos sistemas de extracción, control y violencia.

Por eso debemos preguntarnos: ¿una transición energética para quién?

El discurso sobre la transición que nos venden hoy las empresas y los países ricos nos dice que podemos ampliar las tecnologías de energía renovable impulsadas por el mercado y las empresas, sin cuestionar quién las controla, quién se beneficia y quién asume los costos. Esto conlleva el riesgo de que la transición no sea más que el viejo modelo con un envoltorio más ecológico. En Malasia, por ejemplo, la política de transición energética no es más que un cambio de imagen del antiguo modelo de crecimiento y extracción. Utiliza una retórica verde, dando prioridad a soluciones falsas impulsadas por las empresas, como la captura y el almacenamiento de carbono. Copiar los desarrollos al estilo occidental a través de patrones de comercio e inversión impulsados por las empresas mantiene la dependencia de los combustibles fósiles y sigue afianzando las desigualdades estructurales tanto a nivel nacional como internacional. Sin un cambio de sistema, la transición se convierte en otro capítulo de una larga historia de saqueo de recursos, particularmente en el Sur Global.

Pensemos en el aumento de la demanda de minerales como el litio, el cobalto, el níquel y los elementos de tierras raras. Estos son componentes esenciales de las baterías, los paneles solares y las turbinas eólicas. Los gobiernos y las empresas del Norte Global compiten por hacerse con estos materiales, a menudo disfrazando la extracción como una medida necesaria para la acción climática, mientras desvían estos minerales hacia los sectores militar, aeroespacial, de inteligencia artificial y de centros de datos. Para las comunidades de América Latina, África y Asia, esta carrera ya se está traduciendo en acaparamiento de tierras, agotamiento de los recursos hídricos, explotación laboral y violencia. La extracción de litio amenaza ecosistemas frágiles y los medios de vida de los Pueblos Indígenas; la minería de cobalto se ha relacionado con condiciones de trabajo peligrosas y trabajo infantil. Al igual que ocurrió anteriormente con el petróleo, los minerales críticos se están convirtiendo en objeto de competencia geopolítica, respaldada por el poder militar y el control estratégico.

Las fuerzas armadas se encuentran entre los mayores consumidores de combustibles fósiles del mundo, pero sus emisiones suelen excluirse de los informes nacionales. Al mismo tiempo, los Estados y las empresas colaboran para asegurarse el control del petróleo, el gas y los minerales esenciales, lucrando con la guerra y la devastación desde el Líbano hasta Venezuela y Cuba.

Estos son los resultados previsibles de un sistema que prioriza las ganancias por encima de la energía como un derecho de las personas. Una transición justa debe ir mucho más allá de la reducción de emisiones. Debe enfrentar activamente la desigualdad, redistribuir el poder y la riqueza, y reparar los daños históricos y actuales. Debe centrarse en quienes han sido marginados/as y explotados/as, no como víctimas, sino como líderes.

Una transición justa debe basarse en la soberanía de los pueblos y en la soberanía energética

En el centro de esta visión se encuentran la soberanía de los pueblos y la soberanía energética: el derecho de las comunidades a controlar sus tierras, sus recursos y sus sistemas energéticos, y a influir en las decisiones que afectan sus vidas. Esto significa tratar la energía como un bien común que se gestiona para el bienestar colectivo en lugar de para el lucro privado, al tiempo que se construye una democracia energética, en la que las comunidades tengan un poder real de decisión sobre cómo se produce y se utiliza la energía. También requiere la suficiencia energética, dando prioridad a satisfacer las necesidades de las personas por encima del uso excesivo y derrochador de la energía. En conjunto, estos principios desafían la concentración de poder en las corporaciones y los países ricos, y apuntan hacia sistemas energéticos que estén arraigados localmente, sean democráticos y estén alineados con las necesidades sociales y ecológicas.

Para lograrlo, también debemos hacer frente al imperialismo. El orden mundial actual permite a los países ricos externalizar los costos sociales y ambientales de su consumo hacia el Sur Global, al tiempo que mantienen el control sobre las finanzas, la tecnología y el comercio. Este desequilibrio condiciona los términos de la transición energética, devastando comunidades y, a menudo, relegando a los países del Sur Global a un papel de proveedores de materias primas en lugar de socios en igualdad de condiciones.

Las políticas que ignoran las dinámicas de poder pueden lograr reducciones de emisiones a corto plazo, pero finalmente fracasarán a medida que las comunidades se resistan a la explotación y la desigualdad se agrave. Sin embargo, una transición basada en la justicia puede generar el amplio apoyo necesario para un cambio transformador.

En todo el mundo, las comunidades ya están ejerciendo la soberanía energética, desde la gestión de sistemas renovables descentralizados en Palestina hasta la reivindicación de sus derechos frente a proyectos extractivos en Mozambique. Las alternativas no solo son posibles, sino que ya están en marcha. 

Una transición energética feminista y justa debe desafiar las estructuras que perpetúan la dependencia y la desigualdad, incluidos los acuerdos comerciales injustos, los regímenes de deuda y la impunidad corporativa. También debe reconocer y abordar las formas entrelazadas de opresión basadas en el género, la raza, la clase y la historia colonial, que determinan cómo se vive y se resiste a la crisis climática.

Al mirar hacia Santa Marta, el mensaje es a la vez sencillo y profundo: no podemos resolver la crisis climática con la misma lógica que la provocó. Si esta transición no se basa en la justicia, no será una solución. Será la siguiente fase de la crisis.

El camino a seguir requerirá enfrentar intereses arraigados y repensar nuestras economías y sociedades. Desde Santa Marta y más allá, las comunidades nos están mostrando el camino. La tarea ahora es escuchar, actuar y garantizar que la transición que nos espera sea verdaderamente justa: para los pueblos, para el planeta y para las generaciones futuras.