Todos los días se cometen injusticias por doquier en el mundo contra defensoras/es de los territorios y violaciones de los derechos colectivos de los pueblos y los derechos humanos.

Amigos de la Tierra Internacional trabaja para responder rápidamente a las violaciones y movilizar apoyo internacionalista para los pueblos y comunidades amenazadas, según sus necesidades y deseos. De 2020 a 2021, hemos apoyado a defensoras/es de todos los rincones del planeta, desde Palestina a Colombia, Mozambique a Honduras, Bosnia y Herzegovina y Brasil.

Este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, hacemos un balance de la situación y convocamos a reforzar la solidaridad internacionalista con las defensoras y defensores.

¿En qué situación nos encontramos a fines de 2021?

Desde la crisis económica de 2008, el mundo ha sido testigo del resurgimiento de la ideología conservadora y el auge del poder neofascista y autoritario. Este populismo de derecha en ascenso parece desafiar las formas tradicionales de la política, los medios y el conocimiento en sí mismo. Líderes como Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas y previamente Trump en Estados Unidos -por nombrar algunos- han desmantelado normativas, han impuesto nuevas leyes draconianas y han estimulado y fortalecido el poder de las empresas transnacionales, a expensas de la democracia, la estabilidad y los derechos humanos.

La expansión continua del sistema económico neoliberal ha implicado más privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza y de los bienes comunes en todo el mundo. Allí donde las normativas ambientales se han debilitado o desmantelado, las empresas transnacionales se han abalanzado para extraer todo lo posible de nuestro mundo natural y los pueblos. Este modelo impulsado por el lucro es la raíz de las crisis sistémicas que enfrentamos: del clima, la biodiversidad, la alimentación, el agua, los medios de sustento.

Frente a estas crisis, los pueblos de todo el mundo se están organizando para defender sus territorios y sus derechos. Están promoviendo propuestas para un cambio de sistema favorable al medioambiente y la emancipación de los seres humanos.

La devastadora realidad es que el rápido ascenso del autoritarismo en todo el mundo y las actividades incontroladas de las empresas transnacionales han provocado una escalada grave de violencia política y ataques contra quienes intentan defender el medioambiente y los derechos de los pueblos. Sólo en 2020, Global Witness registró 227 ataques letales – un promedio de más de cuatro personas por semana, vinculados a la explotación de recursos naturales. En América Latina, más de un tercio de las víctimas de estos asesinatos fueron personas indígenas.

A esto se suma que la emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia de Covid-19 fue aprovechada en muchos países para endurecer el autoritarismo y reprimir a Pueblos Indígenas. En Brasil, Colombia, Filipinas y otros lugares, los gobiernos han utilizado las medidas de confinamiento para militarizar y controlar los territorios, facilitándoles en gran medida perpetrar violaciones de derechos humanos con total impunidad. Al no haber concluido aún la pandemia, esta situación se verá agravada en los próximos años.

¿Qué papel juega la solidaridad internacionalista en la defensa de los derechos humanos y el medioambiente?

La solidaridad internacionalista representa la posibilidad de acompañar las luchas contra la injusticia en cualquier parte del mundo y sentirlas como causas propias. Nosotras y nosotros como personas podemos desempeñar un papel importante en la transformación de nuestras sociedades. La solidaridad implica hacerle frente a todas las formas de opresión como el patriarcado, el racismo, el colonialismo y la violencia estatal, incluso aunque sólo nos afecten de manera indirecta.
Las luchas por justicia ambiental –que incluyen la defensa del agua y los servicios públicos, el manejo comunitario de bosques, la construcción de soberanía alimentaria y soberanía energética, y promover la agroecología – requieren de nuestra solidaridad hoy más que nunca.

Podemos organizarnos como movimientos para exigir justicia social, ambiental, económica y de género y defender la soberanía de los pueblos. Juntas/os, podemos alzar nuestras voces para denunciar la injusticia y también apoyar de manera concreta a quienes padecen opresión y persecución.

Luchas destacadas en 2020-2021

En los últimos dos años, nuestra red ambientalista popular y de base ha apoyado luchas en todo el mundo, incluyendo en Costa Rica, Bolivia, Sudáfrica, Uganda, la Amazonía brasileña, y a campesinas/os en India.

Nuestro apoyo se ha centrado principalmente en Honduras, Colombia, Palestina y Mozambique:

Acaparamiento de tierras y desapariciones en Honduras

La comunidad indígena Garífuna de Honduras padece ataques sistemáticos desde hace varios años, usualmente de manos de empresas bananeras y de palma aceitera, y más recientemente de usurpadores de tierras para proyectos de desarrollo inmobiliario turístico y de viviendas. Los pueblos Garífuna no han sido consultados acerca de ninguno de los proyectos desarrollados por estas empresas, a pesar de su derecho legal al Consentimiento Libre, Previo e Informado.

OFRANEH es la organización de pueblos afrodescendientes e indígenas Garífuna de Honduras. Su compromiso histórico por la democracia y la defensa legítima del territorio y su denuncia pública permanente de las violaciones de derechos la han convertido en blanco de ataques.

El 18 de julio de 2020, cuatro integrantes de OFRANEH fueron secuestrados en sus hogares por hombres armados que vestían uniformes de la policía. En agosto de 2020, hicimos un llamamiento por su retorno sanos y salvos.

A la fecha, los líderes Garífuna no fueron encontrados.

Siete meses después de su desaparición, OFRANEH dio inicio al Comité de Investigación y Búsqueda de los Garífuna Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA). Su coordinadora, Miriam Miranda, se refirió a este comité como “un medio para obtener verdad y justicia en este país”.

El trasfondo de esta y otras incontables atrocidades es un país donde el gobierno respalda el despojo y explotación del territorio por empresas transnacionales, y despliega sus fuerzas armadas para acallar todo tipo de resistencia. Por ejemplo, el uso represivo de las fuerzas estatales hondureñas para defender el megaproyecto hidroeléctrico de Petacón, y la persecución judicial de líderes sociales de la comunidad de Reitoca que están tratando de defender sus tierras y ríos.

Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con las mujeres, campesinas/os y Pueblos Indígenas de Honduras, entre ellos los pueblos Garífuna, las/os campesinas/os de Guapinol, el Comité de Bienes Comunes de Tocoa y la Plataforma Agraria.

Garifuna community celebration Honduras
La comunidad Garifuna en Honduras. © Radio Mundo Real.

Levantamientos populares en Colombia

Tras tres décadas de neoliberalismo, Colombia ha sido desprovista de servicios públicos y se ha dejado a más de 21 millones de personas en la pobreza, casi la mitad de la población. El gobierno tampoco ha cumplido con los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016, y aplica una estrategia de violencia y opresión sistémicas contra los movimientos y organizaciones sociales y las/os defensoras/es de derechos de los pueblos, los derechos humanos y los territorios.

En diciembre de 2020 nos sumamos a CENSAT Agua Viva (Amigos de la Tierra Colombia) para repudiar categóricamente la violencia sistemática infligida por el gobierno e instamos a redoblar urgentemente los esfuerzos internacionalistas de coordinación y organización en apoyo al pueblo colombiano.

En mayo de 2021 reiteramos este llamamiento y expresamos nuestra solidaridad con la Huelga Nacional y las movilizaciones contra el proyecto de ley de reforma fiscal del presidente Duque. Con nuestro video Colombia en llamas desafía el neoliberalismo buscamos generar conciencia y expresar nuestra solidaridad con la lucha popular.

Colombia national strike protest night time scene
La huelga nacional en Colombia. © Radio Mundo Real. 

Derechos humanos y luchas por la soberanía alimentaria en Palestina

Durante décadas, la ocupación israelí le ha negado al pueblo palestino el acceso y control de sus tierras, fronteras y recursos naturales. La ocupación es una fuente de profundas violaciones de derechos humanos y ambientales contra el pueblo palestino, que implica contaminación, destrucción de sus medios de sustento, acaparamiento de tierras y agua, leyes de ordenamiento territorial discriminatorias, desalojos y desplazamientos forzosos.

Nos hemos solidarizado con PENGON (Amigos de la Tierra Palestina) y el pueblo palestino desde hace muchos años. En mayo de 2021 condenamos los ataques continuos de Israel e instamos urgentemente a los líderes mundiales a emplea sus recursos diplomáticos para ponerle fin de una vez por todas a la ocupación.

A comienzos de octubre de 2021, nos enfocamos en la lucha por la soberanía alimentaria en Palestina, mediante un seminario en formato virtual con PENGON, La Vía Campesina y el sindicato campesino local UAWC (Unión de Comités de Trabajo Agrícola). El seminario realzó relatos de primera mano sobre lo difícil que es acceder a la tierra para cultivar y producir alimentos sustentables tanto en Gaza como Cisjordania, y procuró profundizar la comprensión sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y de género derivados de la Ocupación.

El 19 de octubre, el ministro de Defensa israelí dictó una ordenanza militar declarando a seis organizaciones de la sociedad civil palestina como “organizaciones terroristas” -entre ellas la UAWC. Luego, el 7 de noviembre, las Fuerzas de Defensa israelíes clasificaron a las mismas organizaciones como “no autorizadas”, allanando así el camino para una mayor represión. Esto representa la más reciente de una ola de acusaciones infundadas del gobierno israelí contra organizaciones de derechos humanos de Palestina. Nos sumamos a cientos de organizaciones de todo el mundo para denunciar esta injusticia y lanzamos un llamado a la acción el 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Palestinians stand in solidarity with the people in Sheikh Jarrah
Un grupo palestino se solidariza con la población de Sheikh Jarrah. © PENGON.

Energía sucia en Mozambique

La industria del gas está devastando las comunidades pesqueras de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Desde el descubrimiento de gas natural frente a las costas de la provincia en 2010, varias empresas transnacionales, incluida la gigantesca petrolera francesa Total, se instalaron para llevarse su parte. El proyecto de GNL de Mozambique ha propiciado violaciones de derechos humanos, pobreza, corrupción y violencia, y tendrá graves consecuencias en un país que ya es vulnerable a los impactos del cambio climático, tales como los dos ciclones catastróficos de 2019.

La industria petrolera ha obligado a más de 550 familias a dejar sus tierras y les cortó su acceso al mar, del cual dependían para pescar y procurar alimentos. Más de 820.000 personas también han sido desplazadas por la lucha entre los ejércitos de Mozambique y Ruanda, insurgentes y mercenarios. Aunque el gobierno y la industria del gas insisten que la causa de la violencia es religiosa, la realidad es mucho más compleja.

En junio de 2020, instamos a los gobiernos de Mozambique, el Reino Unido y Francia a parar de financiar la explotación de gas en el país, y demandamos un tratado vinculante fuerte y efectivo a nivel internacional que permita responsabilizar y exigirles cuentas a las grandes empresas por violaciones de derechos humanos.

Tras un ataque mortal en marzo de 2021, Total alegó ‘fuerza mayor’, y pausó su proyecto indefinidamente, retirando de la zona al personal. Desde entonces no ha pagado indemnización a las/os integrantes de la comunidad y ha declarado que no cumplirá con sus obligaciones de pago a los contratistas, entre las que se incluyen empresas locales.

El mismo mes, el gobierno del Reino Unido anunció el fin del financiamiento a combustibles fósiles en el extranjero, una medida que llegó demasiado tarde para el proyecto de GNL de Mozambique, que ya habían acordado financiar en julio de 2020. Aunque es alentador que en la COP26 varios países involucrados en la industria del gas en Mozambique se hayan comprometido a poner fin al financiamiento de combustibles fósiles en el extranjero después de 2022, esto no debería permitirles eludir su responsabilidad por la destrucción que ya están financiando. La suspensión del proyecto de GNL es una oportunidad ideal para que los países cancelen sus contratos actuales de financiamiento, y para que Total haga efectivas las reparaciones que tanto necesitan las comunidades.

En diciembre de 2021, Amigos de la Tierra Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte demandó al gobierno británico ante la justicia por su decisión de financiar el proyecto de GNL. Esta demanda cuenta con el respaldo de Justiça Ambiental (Amigos de la Tierra Mozambique).

Fisherfolk on Milamba beach in Cabo Delgado.
Pescadores en la playa de Milamba en Cabo Delgado. © Milieudefensie.

¿Cuál es el camino a seguir?

Estas injusticias y luchas por la justicia ambiental están ocurriendo por doquier en el mundo, inclusive en Europa, donde recientemente han aumentado las violaciones de los derechos de las/os defensoras/es. Por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina, la comunidad del Río Neretvica sufrió varios ataques e intimidaciones por oponer resistencia a la construcción de una represa hidroeléctrica en las vitales aguas de su río.

A la vez que nos solidarizamos con quienes defienden sus territorios, medioambiente y derechos, hacemos un llamamiento por reglamentaciones nacionales e internacionales que garanticen el reconocimiento de los derechos de los pueblos y que los gobiernos y empresas rindan cuentas.

A nivel nacional, los gobiernos deben implementar reglamentaciones ambientales que limiten el consumo excesivo. Deben establecer mecanismos de protección para las/os defensoras/es y salvaguardar el derecho de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado, involucrándolas en las decisiones acerca de lo que sucede en sus territorios.

A nivel internacional, estamos luchando por un Tratado vinculante de la ONU que obligue a las empresas transnacionales, sus cadenas de suministro y sus inversionistas a cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho ambiental y las normas laborales. Este tratado significaría que las empresas transnacionales ya no puedan eludir su responsabilidad funcionando al margen y fuera del alcance de la legislación nacional –serían obligadas a rendir cuentas ante un tribunal internacional.

El tratado establecería fundamentalmente el derecho a la indemnización, la información, la justicia y garantías de no repetición de ninguna violación de derechos humanos, e incluiría disposiciones específicas que le garanticen protección jurídica a quienes defienden los derechos de los pueblos y a la naturaleza frente a los intereses empresariales.

Imagen principal: La lucha en el valle del Jordán. © Hamza Zbeidat, PENGON.