Necesitamos una nueva economía para el siglo XXI que ponga a los pueblos y al planeta en primer lugar, a través de servicios públicos sustentables y apoyando a las cooperativas y el comercio justo para que su impacto se multiplique.

Los servicios públicos sustentables y un sistema fiscal justo representan la base de la justicia económica. Todos y todas nos beneficiamos cuando los derechos fundamentales de los pueblos a la salud, energía, agua, educación, transporte y alimentación son garantizados por un Estado activo.

Desde el derecho constitucional al agua limpia y pública en Uruguay a centros de distribución de alimentos en India y sistemas de energía renovable controlados por los gobiernos municipales en Alemania, los servicios públicos les satisfacen a cientos de millones de personas sus necesidades básicas todos los días. Los servicios públicos están en riesgo por la privatización y la evasión fiscal de las empresas. Sin embargo, en todo el mundo los pueblos luchan codo a codo junto con el movimiento mundial que exige justicia fiscal, y los gobiernos nacionales y municipales han recuperado más de 835 servicios públicos en todo el mundo.

“Miles de soluciones prácticas para un mundo más justo y sustentable ya se están implementando día a día. Nuestro desafío es multiplicar su impacto y transformar nuestras economías”.

Sam Cossar, coordinador internacional del programa
de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo

Una de cada siete personas a nivel mundial integra una cooperativa, que es una opción viable de gestión de empresas en base a los principios de democracia, derechos laborales, sustentabilidad y una distribución igualitaria de las ganancias económicas.

Las organizaciones feministas han desempeñado un papel importantísimo en la construcción de esta “economía social y solidaria”, y muchos grupos de Amigos de la Tierra en todo el mundo gestionan o participan en cooperativas.

Debemos llevar a otra escala el impacto que tienen las cooperativas y los sistemas de propiedad social, garantizándoles acceso adecuado al financiamiento, marcos regulatorios favorables y mayor involucramiento de los movimientos sociales.